Resumen: Desde ERTE por pandemia en los complejos hoteleros los trabajadores son afectados y desafectados hasta febrero de 2022, la empresa el 15/02/22 inició ERTE alegando causas productivas y organizativas por disminuir la ocupación, celebrado periodo de consultas alcanza Acuerdo el 8/03 con suspensión (39 contratos) y reducción (4) durante 7 meses. El TSJ estimó la demanda de oficio de la DG Trabajo de la Canarias contra la empresa hotelera y miembros de la comisión negociadora declarando nulo el Acuerdo de suspensión de contratos. En casación recurre la empresa, la Sala IV rechaza la incongruencia omisiva de la impugnada dando repuesta sin apartarse de la cusa de pedir la nulidad del acuerdo por fraude. Sobre el fondo recordó que apreciándose fraude es posible por la autoridad laboral remitirlos a la autoridad judicial, la presunción iuris tantum de legalidad del Acuerdo puede ser destruida por prueba en contrario, desestimó. En relación al análisis judicial de la concurrencia de las causas por demostrarse que a fecha de inicio de las negociaciones todos los complejos turísticos gozaban de óptimos datos de ocupación mejores que en 2019 y que contrató a trabajadores 38, recordó que la contratación es contraria al Pacto suspensivo y contraria a la finalidad del art. 47 ET y no la combate la empresa; se aportó pericial de estado financiero. Sobe el fraude no se impide demostrarlo por presunciones, aportan indicios suficientes. Está evidenciado el fraude
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda de impugnación de resolución administrativa que no constató la existencia de fuerza mayor justificativa de la suspensión contractual interesada por la actora, razonando al efecto que la disminución de la actividad de la demandada operadora de transporte marítimo durante la pandemia no se acredita que trajera causa directa en las medidas adoptadas por la administración para mitigar la crisis sanitaria.
Resumen: El Deceso tuvo lugar en fecha 25 de agosto de 2012. En fecha 20 de febrero de 2013 se iniciaron diligencias penales que fueron sobreseídas en fecha 15 de noviembre de 2016. No se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial ante la administración, hasta 27 de noviembre de 2017. Resuelta esta de forma expresa en fecha 7 de febrero de 2020 y notificada en fecha 19 de febrero de 2020, no se interpuso recurso contencioso hasta fecha 7 de julio de 2020. El pie de recurso de la resolución recurrida señala la posibilidad de interponer recurso contencioso en el plazo de dos meses desde la notificación". La sentencia la concurrencia de la causa de inadmisibilidad del recurso por presentación del mismo fuera del plazo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998. La Sala estima el recurso pues no se tuvo en cuenta, la suspensión de los plazos por la situación de pandemia, acordada por normativa de aplicación. Acuerda nulidad de la Sentencia y retroacción para resolver sobre el fondo.
